GALLARDÓN PRIVATIZA LOS REGISTROS CIVILES, SE CONSUMA LA INFAMIA

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El Real Decreto Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento,la competitividad y la eficiencia, publicado el pasado sábado, culmina la privatización del Registro Civil y su cesión a los Registradores Mercantiles, entregándoles su llevanza y gestión.

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Las reformas se encuentran recogidas en las disposiciones decimonovena a vigésimo cuarta, en las cuales se prorroga la entrada en vigor de la Ley 20/2011 de 21 de julio, al día 15 de julio de 2015, creando las oficinas de los Registros Civiles y Mercantiles.

Dinero a la basura

Este Real Decreto dice garantizar la gratuidad del Registro Civil, pero a su vez crea una corporación que contratará la creación, mantenimiento, gestión y seguridad del sistema informático integral de la nueva aplicación para el Registro Civil. Todo esto después de haber realizado una inversión de más de 130 millones de euros durante los últimos años.

Datos personales en manos privadas

La privatización del Registro Civil también supone entregar todos los datos personales de la totalidad de la 

población a manos de los trabajadores de estos Registros que, no olvidemos, no son funcionarios y no estaran sujetos a control estatal. Estos empleados no tienen el mismo estatuto juridico que los Funcionarios de Justicia ni regimen disciplinario específico y los registradores pueden contratarlos y despedirlos libremente.

Amortización de más de 3000 puestos de trabajo

No solo supondrá tener que pagar por el nacimiento, defunción o cualquier otro trámite de los ciudadanos en los Registros Civiles, sino que provocara la amortización de más de 3.000 puestos de trabajo de personal funcionario, lo que puede suponer el despido de personal interino, la congelación de la oferta de empleo público y de las convocatorias de concursos de traslados,  tras un proceso de reordenación forzosa del personal.

Sí, podemos pararlo

Desde Intersindical hacemos un llamamiento a todo el colectivo y a todas las organizaciones sindicales, para hacer un frente común, olvidándonos de protagonismos, donde coordinemos las acciones y movilizaciones en todo el Estado con el objetivo de detener este ataque a la Justicia y a los servicios públicos.