Valencia

Los juzgados de la C.Valenciana vuelven a tener servicio de correos

 

GENERALITAT Y CORREOS LLEGAN A UN ACUERDO QUE GARANTIZA EL REPARTO EN LOS JUZGADOS Y ESPERAN QUE EL SERVICIO ESTÉ RESTABLECIDO MAÑANA

EFE La Generalitat y Correos han llegado a un acuerdo sobre el pago de la deuda que el Gobierno valenciano tiene con la empresa, que ha permitido que comience a funcionar con normalidad el reparto de la correspondencia en las sedes judiciales valencianas, que quedarán totalmente restablecido mañana.

El acuerdo, del que han informado fuentes de la Generalitat a través de un comunicado, se produce después de que Correos suspendiera el servicio de correo saliente de la Ciudad de la Justicia de Castellón y de todos los juzgados de la provincia y del resto de la Comunitat Valenciana por falta de pago.

El Gobierno valenciano, que ha garantizado que las notificaciones se realizarán "debidamente" para evitar aplazamientos de juicios, aprobará en su reunión de este viernes el plan para asumir el pago de las obligaciones pendientes con Correos.

El acuerdo alcanzado por ambas partes para financiar los gastos atrasados, garantiza que el servicio se preste debidamente, se recoja el correo de todos los juzgados de la Comunitat y que no se produzca aplazamiento de juicio alguno.
Fuente: www.levante-emv.com

Intersindical denuncia el robo del equipo informático de la Secretaría del juzgado Mixto número 3 de Mislata

SE DA LA CIRCUNSTANCIA QUE ESTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS FUERON SUSTITUIDOS HACE ESCASAMENTE 10 DÍAS

STAS-Intersindical Valenciana ha denunciado que entre el 18 y 20 de marzo se produjo el robo del equipo informático de la Secretaría del juzgado Mixto número 3 de Mislata, hecho que ya se ha puesto en conocimiento ante la Comisaría de Policía de la localidad, cuyasdependencias se encuentran a escasos 200 metros de esta instancia judicial.

Estas dependencias cuentan con ventanas de tipo corredera "que se abren con facilidad" desde el exterior, a pesar de estar protegidas por rejas. Según la hipótesis que se baraja por el personal del juzgado, el hurto se pudo cometer a través de estas ventanas, ya que los puntos de conexión informáticos se encuentran debajo de las mismas. Se da la circunstancia que estos equipos informáticos fueron sustituidos hace escasamente 10 días.
 

STAS-Intersindical Valenciana ha constatado que en las tres sedes judiciales de esta población no existe vigilancia policial fuera de las horas de audiencia. Unicamente consta la vigilancia del edificio del juzgado de guardia que por turno le corresponde hasta las 20.00 horas del día en cuestión. No existe, por tanto, vigilancia en horas nocturnas --de lunes a sábado-- ni los domingos por la tarde-noche. Además, se ha comprobado que ninguna de las sedes dispone de arco de seguridad, de escáner de seguridad, ni de cámaras de vigilancia.

Por ello, la organización ha solicitado a la Dirección General de Justicia de la Generalitat valenciana que, con carácter urgente, se adopten las medidas oportunas para dotar a todos las sedes judiciales de Mislata del personal y medios necesarios para la vigilancia y protección de la mismas las 24 horas del día, con dotación de elementos de seguridad necesarios que garanticen la protección de todo el personal de Justicia y la vigilancia de las instalaciones judiciales.

Fuente: 
www.lasprovincias.es

El decano de los procuradores cree que el Consell debe estudiar devolver las competencias de Justicia

CERRILLO LAMENTA QUE EL IMPAGO A CORREOS ES "UN PROBLEMA MÁS" Y RECLAMA A LA GENERALITAT QUE ACTÚE CON RESPONSABILIDAD

El decano del Colegio de Procuradores de Valencia, Francisco Cerrillo, cree que ha llegado el momento de que la Generalitat Valenciana se plantee "devolver las competencias de Justicia al Estado o asumirlas con responsabilidad". Cerrillo considera que el colapso de los envíos judiciales -que ayer quedó resuelto- es "un problema más" que demuestra la falta de previsión del Consell. El representante de los procuradores está convencido que "desde hace dos años el Gobierno autonómico actúa mal porque los presupuestos no son realistas". La opinión de los procuradores es un reflejo del estado de ánimo de los profesionales de los tribunales, que han comprobado que ya no queda dinero para poner en marcha nuevos juzgados, pagar a los proveedores o incrementar el gasto del turno de oficio.
Correos reanudó ayer el servicio tras dos días sin recoger los envíos postales de los juzgados por la deuda de la Generalitat, que es de 33 millones de euros. El Consell se ha comprometido con la empresa postal a saldar la deuda en tres años.
El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, admitió ayer que es preocupante que "esto suceda. La Justicia no puede ser la hermana pobre de los presupuestos. A nadie le cabría en la cabeza que esto ocurriera en sanidad". Durán advirtió de que debe mejorar "la gestión y la inversión. Si hay presupuesto para inaugurar nuevos edificios en las Corts también tiene que haber dinero para los juzgados. Los ciudadanos necesitan que la Justicia funcione y sea ágil".
Los sindicatos ya alertaron el lunes del "inminente colapso judicial" por la suspensión de la recogida de los envíos postales. La presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, tuvo que recordar al conseller Blasco -que ha asumido las competencias de Justicia- que "es un servicio esencial que no puede estar paralizado". Correos recogió a las 12.30 horas de ayer 200 cajas de correspondencia acumulada en el sótano de la Ciudad de la Justicia de Valencia.
El decano de los procuradores incidió en que los procedimientos "no pueden avanzar si no son notificados. Antes hacían la notificación en persona con taxis, pero hace un año los redujeron a la mitad para ahorrar costes. Después, hubo una recomendación para que los juzgados hicieran las comunicaciones a través de envíos postales para reducir el presupuesto. La última es que no pagan a Correos". Francisco Cerrillo subrayó que "los presupuestos de la Conselleria de Justicia son insuficientes. Para el turno de oficio tienen presupuestado el mismo dinero que hace tres años y tardan en pagar. Correos ha aguantado más que nadie". El noventa por ciento de las comunicaciones de los juzgados se hacen ya a través de envíos postales.

"No se puede consentir"
El presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios y de su filial valenciana Avacu, Fernando Móner, señaló que "no se puede consentir que los impagos conlleven retrasos en los juicios. La Administración de Justicia es más lenta de lo aceptable. Si los usuarios ven que se retrasan sus procedimientos pueden denunciarlo ante el Consejo General del Poder Judicial para que lo investigue". La secretaria de la Unión de Consumidores de España en la C. Valenciana, Isabel Dolz, coincidió con Móner en que la situación de los juzgados "es preocupante. Hay asuntos urgentes que no pueden esperar".
Fuentes de la Generalitat explicaron que el acuerdo con Correos consiste en abonar cada año once millones de euros de la deuda, aunque el pago se ha fraccionado en mensualidades. Estas fuentes insistieron en que la deuda es de años anteriores.
La Generalitat comenzó a tener problemas con Correos en octubre tras los cortes de suministro eléctrico en algunos servicios por impago y la amenaza de interrupción de las comunicaciones telefónicas a varios departamentos por morosos.

Problema extendido
La dirección territorial de Correos remitió en otoño una circular a todas las oficinas de la provincia de Valencia ordenando la suspensión en conselleries como Presidencia, Economía o Bienestar Social. La circular recalcaba que sólo se prestarían los servicios "mediante el pago previo (al contado)".
El impago mantenía paralizadas en noviembre 4.300 notificaciones sobre minusvalías. En ese momento, el Consell tuvo que recurrir a su personal subalterno y a los coches oficiales y a los coches oficiales del parque móvil de la Generalitat Valenciana para dar salida a sus comunicaciones.
Fuente: www.levante-emv.com

Los jueces quieren limitar el número de testigos en los juicios para agilizar las vistas

LOS MAGISTRADOS VALENCIANOS PROPONEN ELIMINAR LOS JUICIOS DE FALTAS COMO LOS DE PELEAS DE VECINOS PARA ACABAR CON EL COLAPSO JUDICIAL

LOS JUECES VALENCIANOS QUIEREN LIMITAR EL NÚMERO DE TESTIGOS EN LOS JUICIOS PARA AGILIZAR LAS VISTAS. LA MEDIDA FORMA PARTE DE LAS SETENTA PROPUESTAS QUE HAN ELABORADO LOS MAGISTRADOS PARA ACABAR CON EL COLAPSO JUDICIAL. LOS RESPONSABLES JUDICIALES TRATAN DE QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA LAS INCLUYA EN LA REFORMA QUE ESTÁ TRAMITANDO EL PARLAMENTO. EL JUEZ DECANO DE VALENCIA, PEDRO VIGUER, EXPLICÓ QUE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL YA HA ASUMIDO ALGUNAS INICIATIVAS.
PEDRO VIGUER INDICÓ AYER QUE EL PROBLEMA DE FONDO DEL COLAPSO JUDICIAL ES EL INCREMENTO DE LA LITIGIOSIDAD EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS. EL DECANO PRECISÓ QUE EL NÚMERO DE ASUNTOS SE HA DUPLICADO EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS Y, SIN EMBARGO, LA PLANTILLA DE JUECES SÓLO HA CRECIDO UN VEINTE POR CIENTO. EL MAGISTRADO LAMENTÓ QUE LA CONSECUENCIA ES UNA PÉRDIDA DE EFICACIA.
EL JUEZ INSISTIÓ EN QUE LA SOLUCIÓN PASA POR ADOPTAR MEDIDAS DE LARGO ALCANCE PARA REDUCIR LA CARGA DE TRABAJO DE LOS JUZGADOS Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS. VIGUER SUBRAYÓ QUE ES ABSURDO QUE UN ASUNTO DE TRÁFICO DE 150 EUROS CONLLEVE UN AÑO DE TRABAJO. "EL SISTEMA ES IGUAL PARA UN CASO DE 150 EUROS QUE PARA UN ASUNTO DE TRES MILLONES", ADVIRTIÓ. EL MAGISTRADO INCIDIÓ EN QUE EL SISTEMA ES "HIPERGARANTISTA".
LOS JUECES VALENCIANOS PROPONEN ELIMINAR LOS JUICIOS DE FALTAS. EL COLECTIVO CREE QUE NO TIENE SENTIDO QUE UN MAGISTRADO QUE INSTRUYE GRANDES ASUNTOS DE NARCOTRÁFICO O DE PROSTITUCIÓN INVIERTA UN DÍA DE LA SEMANA EN JUICIOS DE FALTAS DE "CASOS IRRELEVANTES". "LOS MAGISTRADOS TIENEN UNA SENSACIÓN DE PÉRDIDA DE TIEMPO. EN UN JUICIO DE FALTAS POR UNA DISPUTA VECINAL PUEDEN LLEGAR A INTERVENIR UN JUEZ, PERITOS, AGENTES DE LA POLICÍA, UN FISCAL, LETRADOS Y PROCURADORES. EL COSTE PUEDE RONDAR LOS CINCO MIL EUROS Y EL RESULTADO FINAL SÓLO ES UNA SANCIÓN LEVE". SEÑALÓ. EL DECANO RECORDÓ QUE LAS SANCIONES ECONÓMICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO SON MÁS ALTAS QUE LAS QUE IMPONEN LOS JUECES POR LO QUE CONSIDERA QUE ES ABSURDO ACTIVAR LA MAQUINARIA JUDICIAL PARA ASUNTOS MENORES. "EL PROBLEMA ES QUE SON CASOS QUE ENTORPECEN Y LA SENSACIÓN DE LENTITUD DE LA JUSTICIA BENEFICIA AL INFRACTOR", SUBRAYÓ.
LA MAGISTRATURA TAMBIÉN QUIERE ACABAR CON LA POSIBILIDAD DE INTERPONER RECURSOS POR TODO -COMO ESTÁ HACIENDO EL JEFE DEL CONSELL EN LA CAUSA DE LOS TRAJES- YA QUE ETERNIZAN LOS PROCESOS. PEDRO VIGUER -QUE NO SE REFIRIÓ A NINGÚN CASO CONCRETO- ESTÁ CONVENCIDO DE QUE LA OPCIÓN DE RECURRIR SIN LÍMITE "ES UNA LOCURA QUE RETRASA EN EXCESO LOS PROCEDIMIENTOS".
LOS JUECES VALENCIANOS CREEN QUE ES NECESARIO QUE LA POLICÍA DEJE DE REMITIR EN PAPEL TODAS LAS DENUNCIAS CUANDO NO ESTÉ IDENTIFICADO EL AUTOR DEL DELITO. ADEMÁS, CONSIDERAN QUE SE DEBERÍA PAGAR UNA TASA PARA INTERPONER UNA QUERELLA O UNA DENUNCIA DE CARÁCTER ECONÓMICO. 
LOS MAGISTRADOS APUESTAN POR QUE LA POLICÍA SE ENCARGUE DIRECTAMENTE DE CONTROLAR LA PRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN LIBERTAD CONDICIONAL Y QUE HASTA AHORA DEBEN ACUDIR CADA QUINCE DÍAS AL JUZGADO. LOS JUECES TRATAN DE EVITAR UN NUEVO CASO MARI LUZ - QUE PUSO AL DESCUBIERTO LAS DEFICIENCIAS DE UN SISTEMA JUDICIAL LENTO Y OBSOLETO- E INCIDEN EN QUE LA POLICÍA TIENE MÁS MEDIOS PARA CONTROLAR A LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN BUSCA Y CAPTURA. LOS MAGISTRADOS VALENCIANOS YA HAN MEJORADO EL SISTEMA CON LA OFICINA DE PRESENTACIONES EN LA CIUDAD DE LA JUSTICIA QUE HA PERMITIDO LOCALIZAR A 50 PERSONAS EN EL MES QUE LLEVA EN MARCHA, PERO REITERAN QUE LA RESPONSABILIDAD DEBE RECAER EN LA POLICÍA.

PLAZOS DE EJECUCIÓN
PEDRO VIGUER INSISTIÓ EN QUE EN LA JURISDICCIÓN CIVIL ES ESENCIAL ACORTAR LOS PLAZOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS DESAHUCIOS. EL MINISTERIO DE JUSTICIA HA INCORPORADO EN LA REFORMA QUE ESTÁ TRAMITANDO UNA PROPUESTA DE LOS JUECES VALENCIANOS QUE PERMITIRÁ REDUCIR LOS TIEMPOS DE LANZAMIENTO DEL INQUILINO MOROSO A LA MITAD. CON LA MEDIDA, EL PROPIETARIO PODRÁ IR DIRECTAMENTE AL JUZGADO, INTERPONER UNA DEMANDA CONTRA EL INQUILINO Y EN EL NOVENTA POR CIENTO DE LOS CASOS SE PRODUCIRÁ EL DESALOJO EN UN PLAZO MÁXIMO DE TRES MESES.
EL JUEZ DECANO DEFENDIÓ QUE ES ESENCIAL LIMITAR A TRES EL NÚMERO DE TESTIGOS EN LOS JUICIOS CIVILES PARA EVITAR ALARGAR DE FORMA INNECESARIA LAS VISTAS CON TESTIMONIOS QUE SON REITERATIVOS.
EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, LOS JUECES VALENCIANOS RECLAMAN QUE SE ESTUDIE LA POSIBILIDAD DE ARBITRAR MECANISMOS PARA EVITAR QUE LOS CIUDADANOS PUEDAN LITIGAR CONTRA LA ADMINISTRACIÓN CUANDO SE TRATE DE SANCIONES DE ESCASA CUANTÍA COMO MULTAS DE TRÁFICO. ADEMÁS, APUESTAN POR INTRODUCIR EL COPAGO PARA QUE "NO SEA GRATIS PLEITEAR" CONTRA LA ADMINISTRACIÓN.
PEDRO VIGUER DESTACÓ QUE LOS JUECES VALENCIANOS CREEN QUE LA REFORMA JUDICIAL "SE HA QUEDADO CORTA" Y CONFIÓ EN QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA TENGA EN CUENTA SUS PROPUESTAS.  

FUENTE:HTTP://WWW.LEVANTE-EMV.COM/

Justicia incorpora en el Anteproyecto de Agilización Procesal una medida de jueces de Valencia para agilizar desahucios

Magistrados piden que la norma también limite los recursos e incluya una tasa para presentar denuncias y querellas en materia Penal

 El Ministerio de Justicia ha incorporado en el Anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal una medida propuesta por los jueces de Valencia que persigue agilizar los desahucios. El objetivo es extender el esquema del proceso monitorio a los juicios de desahucios y reducir, así, los tiempos de lanzamiento a la mitad.

   Así lo ha indicado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en una rueda de prensa en la que ha hecho un repaso de las medidas propuestas por los magistrados de Valencia para reducir la litigiosidad, algunas de las cuales ya incorporó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe de 2009, y otras de ellas se han introducido en el Anteproyecto de Ley de Agilización.
   Una de las que han llegado hasta este anteproyecto es la de la extensión del esquema del proceso monitorio a los juicios de desahucio. Esto recortará los tiempos y evitará que se celebren vistas en las que sólo acudían los demandantes, lo cual "es completamente inútil", ha apostillado Viguer.
   Con esta medida, el perjudicado podrá ir directamente al juzgado, interponer una demanda contra el inquilino, y éste tendrá un plazo de 10 días para oponerse a la reclamación --lo que llevaría el caso a juicio--; pagar --se termina el asunto--; irse de la vivienda; o no decir nada --en este último caso, se dictará el lanzamiento sin pasar por juicio--.
   Viguer ha señalado que en la actualidad, para llegar a juicio, pueden pasar dos o tres meses, y desde que éste se celebra hasta que existe la ejecución, transcurre más tiempo. Con la nueva medida, los tiempos se reducirían a la mitad, ya que no habría que esperar esos dos o tres meses de señalamiento para juicio --a no ser que se opusiera a la reclamación--.
   Esta medida no se recogió en el informe del CGPJ, pero sí lo hace el Anteproyecto, que en su exposición de motivos señala que "se extiende el sistema de juicio monitorio a los juicios de desahucio por falta de pago, de modo que en el caso de que el arrendatario no desaloje el inmueble, pague o formule oposición tras el requerimiento, se pase directamente al lanzamiento.
   Asimismo, el Gobierno ha incorporado en esta normativa otras propuestas de los jueces valencianos. Una de ellas, relativas a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, hace referencia a la introducción del criterio objetivo de vencimiento en materia de costas procesales. De esta manera, se dejarán de interponer muchos recursos.
   Otra de ellas ha sido la de elevar el límite cuantitativo de los asuntos no apelables de 18.000 a 30.000 euros, suprimir la posibilidad de recurso en determinadas materias como en el caso del régimen sancionador de los funcionarios públicos y limitar los recursos de apelación en ejecución de sentencia.
   En el orden Civil, el Anteproyecto incluye --a petición de los jueces de Valencia-- que se suprima el límite máximo del proceso monitorio fijado actualmente en 250.000 euros; y que se amplíe el límite cuantitativo mínimo para acceder al recurso de casación, que pasa de 150.000 a 800.000 euros --los magistrados proponían un aumento de 150.000 a 300.000 euros--.

 

ENMIENDAS DEL CGPJ

   El CGPJ también tiene intención de instar por vía de enmienda que se introduzcan en la normativa algunas propuestas de los jueces decanos en el orden Penal, como por ejemplo la limitación de los recursos durante la instrucción, suprimiendo los recursos de reforma, súplica y queja, y reservando el recurso de apelación para las resoluciones que acuerden medidas cautelares reales o personales, sobreseimiento, transformación o procesamiento, y en los casos previstos en la ley.
   Asimismo, solicitará que se suprima el recurso de apelación de sentencias absolutorias en juicios de faltas; que se incluya la Oficina de Presentaciones en las instancias judiciales --algo en lo que Valencia es pionera--; una regulación más completa del secreto de las actuaciones; y que exista una comparecencia inicial en las ejecutorias que permitan resolver todas las cuestiones penales y civiles, evitando peticiones y resoluciones sucesivas.

 

MEDIDAS EXCLUIDAS

   Además de estas medidas, los magistrados también han señalado otras que consideran "importantes" para reducir la litigosidad. Una de ellas --en materia Civil-- hace referencia a la tramitación de las separaciones de mutuo acuerdo sin hijos en los Juzgados de Paz; la limitación del número de testigos a tres; limitación del acceso al recurso de apelación por debajo de 3.000 euros y en asuntos que no producen efectos de cosa juzgada; y modificación del régimen de rebeldía procesal, que en supuestos de citación o emplazamiento efectivo debería equivaler a conformidad con los hechos.
   En el orden Penal, reclaman que se implante una tasa generalizada para la formulación de denuncias y querellas o, al menos, respecto de estas últimas las de carácter económico; que se limiten los recursos en las ejecutorias, especialmente los relativos a los plazos para el pago de responsabilidades pecuniarias; y también que se limiten los recursos en materia de suspensión y sustitución de penas.
   Además, solicitan que se regule una comparecencia o audiencia preliminar en los juicios orales penales para analizar las cuestiones previas y dar al acusado la oportunidad de conformase sin necesidad de citar a las partes, testigos y peritos, "evitando miles de citaciones innecesarias", ha puntualizado Viguer; y fomentar la "escasa" colaboración de las entidades públicas en materia de trabajos en beneficio de la comunidad.
   En materia Contencioso-Administrativa, reclaman que se estudie la posibilidad de arbitrar mecanismos que excluyan el acceso a la jurisdicción cuando se trate de sanciones de escasa cuantía, por ejemplo, multas de tráfico o de estacionamiento indebido. "Sería conveniente establecer una cuantía mínima para acceder al recurso, por ejemplo, por encima de 300 euros", ha dicho.
   Con todo, Viguer ha lamentado que el Anteproyecto es "insuficiente" porque recoge tan sólo una mínima parte de las 70 medidas propuestas por los jueces. Ha dirigido su crítica, fundamentalmente, a que la mayoría de las incorporaciones "benefician a la Audiencia y al Tribunal Supremo, cuando el mayor colapso se produce en los juzgados unipersonales". Solicita que se incluyan algunas medidas más de los magistrados.
Fuente: www.europapress.es

El Defensor del Pueblo alerta de graves carencias en los juzgados por la falta de apoyo del Consell

LA INSTITUCIÓN ADVIERTE DEL COLAPSO DE EJECUTORIAS, DE PROBLEMAS CON LOS RECURSOS DE EXTRANJEROS Y EL BLOQUEO DE NACIONALIDADES

El Defensor del Pueblo alerta en su último informe anual de graves carencias en los juzgados de la Comunitat Valenciana por la falta de apoyo del Consell. El documento recoge problemas en la ejecución de sentencias, las complicaciones que tienen los extranjeros para recurrir las expulsiones por el colapso en la jurisdicción de lo Contencioso, el bloqueo de la inscripción de nacionalidades en Elx y Mislata por la carencia de funcionarios en el Registro Civil y el impago a los secretarios de los juzgados de Paz de poblaciones de menos de siete mil habitantes. La advertencia de la institución coincide con las dificultades que está teniendo la Conselleria de Justicia —que actualmente gestiona Rafael Blasco— para pagar a los proveedores de material y la renuncia a poner en marcha 15 juzgados en junio.
La institución incluso abrió una investigación a instancias de la jueza y la secretaria del juzgado de lo Penal número 14 de Valencia, que en verano acumuló 33 órdenes de protección a maltratadas sin ejecutar tras haber perdido a seis de los siete funcionarios que tramitaban las condenas de violencia machista. El juzgado llegó a tener paralizadas 2.450 condenas. El informe apunta que la magistrada y la secretaria presentaron un escrito exponiendo que en la ciudad de Valencia hay cuatro juzgados encargados de ejecutar las sentencias. Tres tienen sendas plantillas de 27 personas y el juzgado de lo Penal número 14 trabaja con 9 funcionarios y 15 interinos que no siempre están disponibles. La Conselleria de Justicia acaba de comunicar a las responsables del juzgado que en los próximos meses van a perder a parte de los funcionarios interinos. 

Elx y Mislata
El documento incide en los problemas que están teniendo algunos juzgados para inscribir las nacionalidades. El informe se centra en los juzgados del Registro Civil de Elx y Mislata, que tienen una lista de espera de un año para el trámite del juramento o promesa que se requiere para la obtención de la nacionalidad. El problema, según denunciaron ayer fuentes judiciales, vuelve a ser la falta de funcionarios. La institución lamenta que «la situación expuesta vulnera el reglamento del Registro Civil que establece la obligación de comparecer para prestar juramento en los 180 días siguientes a la notificación de la concesión. El hecho resulta perjudicial para los interesados porque no pueden ejercer los derechos que les corresponden como ciudadanos españoles».
El Registro Civil de Mislata tramita los expedientes de nacionalidad de los inmigrantes que viven en Xirivella y Mislata. El juzgado actualmente tiene pendientes 150 expedientes de personas que ya han conseguido la nacionalidad, pero que no pueden disfrutar de su derecho. La tramitación ha estado «prácticamente paralizada» por el volumen de entrada y el retraso «llegó a ser de dos años, aunque ahora está en un año». Fuentes judiciales admitieron que «no es normal» lo que está ocurriendo y lamentaron que los funcionarios no aguantan la presión del trabajo y piden el traslado, agravando todavía más la situación. 

Contencioso Administrativo
El Defensor del Pueblo apunta que los juzgados de lo Contencioso Administrativo se encuentran en un estado «preocupante». El informe recoge la queja de una ciudadana por el retraso en la celebración del juicio que planteó en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Valencia y que había sido fijado en el año 2010 para el 4 de octubre de 2012.
La Fiscalía explicó al Defensor del Pueblo que el juzgado con problemas fue «creado en septiembre de 2008, asignándole en el momento de su entrada en funcionamiento 425 asuntos de extranjería». El Ministerio Público advirtió de que el juez tramitó en 2009 el doble de demandas de lo normal y no contó con ningún refuerzo. La fiscal que informó al Defensor del Pueblo aseguró que «resultaba imposible adelantar la fecha del juicio».
El informe anual revela que uno de los casos con mayor demora es el que inició una persona en 1990 en el juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela y que en el año 2009 todavía estaba esperando que practicaran algunas diligencias. La institución pidió explicaciones a la Fiscalía General del Estado, que inició una investigación. El fiscal descubrió que el expediente sin concluir había sido trasladado el 5 de octubre de 2005 al Archivo Judicial Provincial de Alicante. El archivo carecía de «medios materiales y humanos suficientes para clasificar, ordenar y remitir los documentos, que permanecían embalados en palés» por lo que procedimientos estaban paralizados.
El Defensor del Pueblo «solicitó a la Dirección General de Justicia que informase de las razones por las que teniendo conocimiento de la situación descrita no había adoptado las medidas necesarias para mantener un funcionamiento normal en este caso, cuyas consecuencias negativas inciden de manera directa sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos».
El personal del archivo localizó el expediente extraviado tras rastrear toneladas de papel sin ordenar. La institución mantiene abierta la queja abierta para determinar el desarrollo del procedimiento tras dos décadas de tramitación.
El Defensor del Pueblo también ha reclamado la creación de juzgados en el partido judicial de Dénia por el «elevado nivel de entrada de asuntos». El documento incide en que la sobrecarga «provoca disfunciones que revierten irreversiblemente en la tutela judicial efectiva». Sin embargo, el Consell no va a habilitar más juzgados.

Cinco años con un tercio de la plantilla
El juzgado de lo Penal número 14 de Valencia, que se encarga de las ejecutorias y cuya situación analiza el Defensor del Pueblo en el informe, lleva 5 años con nueve funcionarios titulares, lo que supone un tercio de la plantilla normal. Justicia cubre otras quince plazas con interinos. El juzgado tiene carteles colgados —como el de la imagen superior— que recuerdan que están desde 2005 esperando a que la situación se normalice sin éxito. El problema es que la falta de una plantilla estable retrasa la ejecución de sentencias. En estos momento el juzgado tiene 200 sentencias pendientes de tramitar.
Fuente: 
www.levante-emv.com

El nuevo Palau de la Justícia de Llíria peligra al caducar el convenio de cesión del solar

COMPROMÍS DENUNCIA QUE EL GOBIERNO HA ANULADO EL SÉPTIMO JUZGADO PORQUE EL CONSELL NO PUEDE MANTENERLO 

COMPROMÍS PER LLÍRIA CRITICÓ AYER EL CONVENIO FIRMADO POR EL AYUNTAMIENTO CON LA CONSELLERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA CONSTRUIR EL PALAU DE JUSTICIA HA CADUCADO DESPUÉS DE CINCO AÑOS DEBIDO A LA LENTITUD MOSTRADA POR LA GENERALITAT VALENCIANA. 
EL ACUERDO FIRMADO A FINALES DEL AÑO 2005, Y POR EL QUE SE CEDÍAN 2.000 METROS CUADRADOS, ESTABLECÍA DE TIEMPO MÁXIMO HASTA 2010 PARA CONSTRUIR LAS NUEVAS INSTALACIONES JUDICIALES QUE SE HA QUEDADO PEQUEÑAS PARA ATENDER EL CRECIENTE VOLUMEN QUE TRABAJO QUE GENERAN LOS MUNICIPIOS DEL CAMP DE TÚRIA. PARA LA COALICIÓN, LA DELICADA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA GENERALITAT HA SUPUESTO TAMBIÉN LA RENUNCIA A MANTENER EL JUZGADO NÚMERO 7 DE LLÍRIA QUE EL MINISTERIO DE JUSTICIA HABÍA APROBADO Y, POR TANTO, "LA COMARCA SE HA QUEDADO SIN OTRO ESPACIO PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS JUDICIALES". DE HECHO, RECUERDA QUE HACE UNOS MESES LA FALTA DE PAPEL OBLIGÓ A CERRAR DURANTE UNOS DÍAS LAS PUERTAS DE LOS JUZGADOS Y LOS USUARIOS SE VIERON PRIVADOS DEL SERVICIO JUDICIAL. 
EL CANDIDATO A LA ALCALDÍA, PACO GARCÍA, LAMENTÓ QUE, SEGÚN SU OPINIÓN, POR CULPA DEL DESPILFARRO ECONÓMICO A QUE EL PARTIDO POPULAR HA SOMETIDO A LA GENERALITAT "LOS CIUDADANOS NOS VEREMOS PRIVADOS DE UN SERVICIO ESENCIAL COMO ES LA JUSTICIA". PARA GARCÍA, EL PP HA DEMOSTRADO CON CRECES QUE LLÍRIA NO FIGURA ENTRE SUS PRIORIDADES Y, POR ELLO, "NI PUEDEN MANTENER LAS INSTALACIONES NI CONSTRUIR UN EDIFICIO NUEVO COMO ES DEBIDO YA". 
POR SU PARTE, EL PORTAVOZ DEL PP DE LLÍRIA, ÁNGEL CIVERA, ADVIRTIÓ QUE ES UN PROBLEMA "ARRASTRADO DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA DEL GOBIERNO CENTRAL", QUE HA AFECTADO A SERVICIOS BÁSICOS COMO LA SANIDAD, LA EDUCACIÓN Y EN ESTE CASO LA JUSTICIA. REFERENTE AL SÉPTIMO JUZGADO, CIVERA RECORDÓ QUE LA GENERALITAT HA PEDIDO UNA PRÓRROGA PARA PONERLO EN MARCHA Y QUE EN LAS DOS ÚLTIMAS LEGISLATURAS HA HECHO UN GRAN ESFUERZO INVERSOR EN EL PARTIDO JUDICIAL EDETANO, AUMENTANDO DE CUATRO A SEIS LOS JUZGADOS QUE ATIENDEN A LA COMARCA.

FUENTE: WWW.LEVANTE-EMV.COM

Torrent: Trabajadores denuncian la falta de papel de oficio en los Juzgados de Torrent

AFIRMAN QUE LA EMPRESA SUMINISTRADORA HA COMUNICADO QUE HASTA EL DÍA 31 DE MAYO NO ENTREGARÁ MÁS.

Delegados sindicales de Intersindical Justicia han constatado la falta de papel de oficio en los Juzgados de Torrent (València), según denuncia el sindicato en un comunicado.

«El personal lleva días racionando el papel y haciendo auténticos juegos malabares para exprimir las escasas existencias, prestándose el papel entre los distintos Juzgados de esa localidad», critican.

Aseguran que han preguntado al respecto a la empresa suministradora y ésta ha asegurado que hasta el día 31 de mayo no entregará más papel de oficio a los distintos órganos judiciales de Torrent.

«Con ello, la Generalitat Valenciana, con competencias asumidas en materia de justicia desde el año 1995, escenifica un lamentable ejemplo más de la pésima gestión realizada en cuanto a la dotación de medios materiales para el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en los Juzgados y Tribunales de la Comunitat», lamenta el sindicato.

En esta línea, comentan que si el nivel de inversiones no llega ni a cubrir el gasto corriente, «desconfiamos mucho de que la Conselleria de Justicia esté dispuesta a realizar las inversiones necesarias para modernizar la justicia».

Fuente: www.lasprovincias.es

Fiscalía de Gandia amontona archivos en la cocina y pasillos de una vivienda

LA INTERSINDICAL JUSTICIA DENUNCIA EL ESTADO DE LAS INSTALACIONES Y RECLAMA NUEVAS DEPENDENCIAS QUE CUMPLAN LA NORMATIVA.

No disponen de las estanterías necesarias para el archivo de expedientes y tampoco de un lugar adecuado para ello. Lo que se supone que es el archivo está en la habitación destinada a cocina y se amontona en los pasillos de la vivienda en la que se ubica la Fiscalía de Gandia.

Esta es la situación en la que se encuentran las dependencias actualmente y que la Intersindical Justícia denuncia ya que con ello se incumple la normativa vigente sobre condiciones laborales. Y es que la evidente falta de espacio y la acumulación de expedientes en el suelo impide que el personal de la Fiscalía disponga de vías y salidas de evacuación libres y expeditas.

Además, ahora se da el caso de que una de las trabajadoras está embarazada y ni siquiera cabe por los pasillos porque están llenos de cajas, según explican desde el sindicato.

Pero esta no es la única deficiencia de las dependencias de la Fiscalía. En su visita a las instalaciones Intersindical Justicia constató un incumplimiento generalizado de las condiciones generales de seguridad en los lugares de trabajo establecidas en el del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Dicho incumplimiento supone, a juicio de esta organización sindical, «un riesgo evidente para la seguridad y salud del personal de Justicia que trabaja en dichas dependencias, además de no reunir las condiciones adecuadas para la atención al ciudadano y profesionales».

En este sentido, la localización misma de dicho destacamento en un piso de un edificio de viviendas comienza a advertir de las graves carencias detectadas en su ubicación. Allí se accede llamando desde la calle al timbre de la vivienda y además no cuenta con un interfono con imágenes para ver a la persona que allí acuda. Tampoco hay ningún elemento de seguridad para su acceso ni para el control de las dependencias, es decir, no hay cámaras de vigilancia, ni vigilancia privada, ni guardias civiles, entre otras medidas que opondrían solucionar esta deficiencia.

Con todo ello, Intersindical Justicia ha solicitado por escrito al Cómite de Seguridad y Salud de Justicia en la provincia de Valencia y al Área de Prevención de Riesgos Laborales de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas que se adopten las medidas necesarias para solucionar todos estos problemas e irregularidades que impiden un correcto funcionamiento en el trabajo.

 

Ruidos y falta de ventilación

Otra de las carencias se refiere al servidor informático, que está cerrado dentro de una caja metálica y se encuentra pegado literalmente a la mesa de trabajo de una de las funcionarias. El aparato genera un ruido insoportable y una temperatura elevada e incómoda para el desempeño de las tareas habituales del personal, ya que además el sistema no asegura una efectiva renovación del aire.

Además, según explican desde la Intersindical, no se tiene constancia de que este servidor informatico tenga un correcto mantenimiento en lo que se refiere, por ejemplo a limpieza de filtros o de conductos.

Con ello además se reclama a la Generalitat Valenciana la reubicación de la sección territorial de la Fiscalía de Gandia en unas nuevas dependencias que cumplan con la normativa vigente en materia de seguridad y salud para la ubicación de los lugares de trabajo.

Una reclamación que está en consonancia con la reivindicación de los trabajadores de los servicios judiciales de Gandia, que exigen la aceleración de los trámites para que se construya el Palacio de Justicia, que albergaría en un mismo recinto todas las dependencias de los juzgados de la ciudad.

Fuente: www.lasprovincias.es

Justicia acumula 3,7 millones de expedientes que deben ser destruidos

LA CONSELLERIA NO HA COMENZADO TODAVÍA EL EXPURGO DE DOCUMENTOS PESE A QUE LO ANUNCIÓ HACE YA TRES AÑO.

El mayor expurgo judicial de la historia de España sigue tres años después a la espera de que se dé la orden de destruir los documentos judiciales que siguen acumulándose en el Archivo Provincial de Valencia.

Justicia lanzó la noticia -el tiempo ha evidenciado la precipitación- en agosto de 2008. Dos millones de expedientes judiciales iban a ser eliminados. Más de 200 toneladas de papel para reciclar. El objetivo es que las sedes judiciales y el Archivo Provincial ganaran espacio tras eliminar todo aquello que ya no tiene ninguna relevancia judicial y tampoco patrimonial. Ahora, con el tiempo transcurrido desde entonces, la cifra de documentos asciende ya a 3.674.768, que se encuentran en 136.000 cajas archivadoras.

Los expedientes, susceptibles de ser destruidos, datan desde 1942 hasta el año 2000. Entre ellos se encuentran procedimientos de cualquier tipo, desde Habeas Corpus a juicios verbales, actos de conciliación y rollos de apelación. Sólo quedan a salvo determinadas actuaciones por su importancia histórica como, por ejemplo, la pantanada de Tous (1982) o la riada de 1957 en Valencia.

La recopilación del material la realizó la Junta de Expurgo, un órgano que se creó a través de un decreto de 2006. En agosto de 2008, el trabajo, al parecer, ya había concluido y se publicó en el Diario Oficial por si alguien quería reclamar documentos en los que había sido parte.

Fuentes de la Conselleria de Justicia aclararon que entonces se decidió que antes de la destrucción de este material se recopilaran toda las series documentales que pudieran estar dentro de los criterios del expurgo en la Comunitat. Y ese ha sido el cometido de la Conselleria desde entonces. De ahí el incremento en otro millón y medio de expedientes.

Recientemente, la Conselleria de Cultura, que también tiene competencias porque debe decidir si un documento tiene valor histórico, llegó a un acuerdo con Justicia, ahora dirigida por Rafael Blasco, para pactar los criterios para eliminar o conservar.

En principio, según las fuentes consultadas, el 80% del material recopilado por la Junta puede llegar a ser destruido. En cambio, todo aquello a lo que Cultura le conceda una especial relevancia será trasladado al Archivo del Reino.

Personal encargado de recoger los expedientes subrayaron el esfuerzo de recoger y trasladar los nuevos expedientes, tarea que ha supuesto la visita a decenas de juzgados, en los que no siempre es fácil encontrar la colaboración de los secretarios debido a la enorme carga de trabajo que soportan.

Normalmente, los expedientes se suelen acumular hasta los cinco años en la Secretaría del Juzgado. Posteriormente pasan al Archivo Intermedio, donde permanecen hasta los 15 años. Al final, terminan en el Archivo Provincial de Valencia, lugar en el que se conservan desde los 16 a los 30 años. De todos modos, estos intervalos son muy flexibles.

No hay fecha todavía para que se proceda a la destrucción de todo el material. La Junta de Expurgo, que debe reunirse al menos una vez al año, tendrá que celebrar su encuentro anual. Ahí puede darse el empujón que necesita el proceso. A partir de entonces, y si se sigue lo acordado en su día, un camión se trasladará casi diariamente para llevarse el material. En principio estaba previsto que fuera la misma empresa que recicla el papel de la Ciudad de la Justicia.

Fuente: www.lasprovincias.es

Comienza el traslado de los juzgados de Paterna a su nueva sede

 

LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES ESTABAN HASTA AHORA DISTRIBUIDAS EN CINCO EDIFICIOS

Hoy comienza el traslado de los 90 funcionarios de la Administración de Justicia a la nueva sede de los juzgados de Paterna, una mudanza que concluirá el próximo 17 de junio cuando los empleados de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito se trasladen a las instalaciones.
La Generalitat ha invertido en la infraestructura cerca de 11 millones de euros para responder a las necesidades de espacio y "optimizar los recursos que hasta ahora se destinaban al mantenimiento y alquiler de los cinco locales con los que contaba".
Con esta nueva sede, se unifican los juzgados en un único edificio que cuenta con una superficie total construida de casi 10.000 metros cuadrados y que albergará los 7 juzgados de 1ª instancia e instrucción, el juzgado de violencia sobre la mujer y el Penal nº 17 de Valencia con sede en Paterna, aunque tendrá capacidad para albergar otros juzgados en el futuro. La nueva sede judicial de Paterna cuenta con sótano y tres plantas. El sótano estará destinado a archivo y la planta baja y primera a las actividades que implican mayor número de visitas de los usuarios.
 

FUENTE: WWW.LEVANTE-EMV.COM

Los jueces de Valencia exigen más juzgados y el Consell los cancela

 

La jurisdicción social atiende un 70% más de asuntos que lo estipulado 

El malestar en el mundo judicial valenciano por la falta de medios sigue aumentando. Ayer fue el turno de los jueces de lo social de Valencia, que expresaron la "imperiosa" necesidad de que se creen 10 nuevos juzgados en la ciudad para hacer frente a una carga de trabajo que supera en un 70% lo estipulado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

 

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Colapso en los juzgados

Editorial levante-emv

La falta de medios por los problemas presupuestarios del Consell está agravando el colapso que sufren los juzgados. Los magistrados valencianos acumulan 91.438 asuntos sin resolver. Cada juez tiene de media 768 asuntos pendientes. La situación es tan preocupante que el Consejo General del Poder Judicial ha advertido de que hacen falta de manera urgente 22 magistrados en Valencia tras la renuncia de la Generalitat Valenciana a poner en marcha quince juzgados por el coste que supone mantenerlos. 

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Los jueces valencianos acumulan 91.400 casos sin resolver

LOS MAGISTRADOS RECLAMAN UN REFUERZO DE PERSONAL TRAS LA RENUNCIA DEL CONSELL A PONER EN MARCHA 15 JUZGADOS - LA FALTA DE MEDIOS POR LA CRISIS AGRAVA EL COLAPSO EN LA JURISDICCIÓN CIVIL

Los jueces valencianos acumulan 91.438 asuntos sin resolver. La falta de medios está agravando el colapso de la justicia especialmente en la jurisdicción civil, que es donde se tramitan los procedimientos por impagos que ahogan a centenares de empresas. El Consejo General del Poder Judicial ha advertido de que hacen falta de manera urgente 22 magistrados en Valencia tras la renuncia del Consell a poner en marcha quince juzgados por falta de presupuesto.
Los magistrados destinados en la jurisdicción civil cerraron 2010 con 30.425 asuntos abiertos. La cifra supone un incremento de un millar de casos pendientes sobre el año anterior. La situación es especialmente complicada para los jueces de Primera Instancia, que que resolvieron una media de 1.497 demandas y que a finales de año tenían encima de la mesa 1.028 casos pendientes.

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Valencia: Jueces de lo Mercantil piden un juez y un secretario de apoyo para el juzgado número 3

Jueces de lo Mercantil de Valencia reclaman un juez y un secretario de apoyo para el juzgado número 3 de la ciudad, puesto que hasta ahora existe un refuerzo que comparten los órganos de lo Mercantil 1 y 2, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado.

Los jueces han acordado este lunes en una junta trasladar esta petición a la Sala de Gobierno. El encargado de hacerlo será el decano, Pedro Viguer, con el objeto de que la Sala determine si se apoya la petición y la forma de responderla: o por juez de Adscripción Territorial, o abriendo comisión de servicio o por juez sustituto.

 

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