Un sótano de la Ciudad de la Justicia de Valencia almacenaba ayer alrededor de una tonelada y media de envíos procedentes de los juzgados. La imagen es consecuencia de la paralización del servicio por parte de Correos ante la deuda histórica que acumula la Generalitat con la empresa estatal. Un problema que difícilmente se entiende que se remonte a 2005, cuando aquello de la crisis era poco más que una profecía de agoreros con tiempo libre. Pero las fuentes consultadas confirman que todo comenzó ese año y la cantidad adeudada se disparó entre 2007 y 2009. La situación terminó por estallar hace dos meses cuando Correos amenazó -y llegó a paralizar el servicio en algunos juzgados-, pero lo de ayer ya fue generalizado, alarmante. La resignación cunde entre los magistrados y los funcionarios al comprobar que los juzgados y la Audiencia se han quedado sin el servicio de Correos.
Las consecuencias a corto plazo no son significativas más allá del problema de espacio que supone apilar las cajas. Por ejemplo, ayer eran unas 150 de unos diez kilos de peso, según los cálculos del juez decano de Valencia, Pedro Viguer. Una tonelada y media. El responsable exige una solución de manera inmediata. «Parece que vengamos a los juzgados ya pensando en qué va a pasar hoy», se lamenta. Pero la realidad es que los acontecimientos de los últimos meses le dan la razón. Y, en este caso, el 90% de las comunicaciones del juzgado se realizan a través de diferentes tipos de envío.
Jesús Olarte, secretario de Gobierno, confirma que las consecuencias de días de paralización no son demasiado graves «porque los señalamientos -días de los juicios- se realizan con bastante tiempo de antelación». No obstante, si esto se prolonga «puede causar la paralización de los juzgados».
Olarte llama la atención sobre la circular que precisamente se envió hace unos meses a todos los secretario judiciales para que se intensificara el uso de Correos frente a otras posibilidades, como el servicio común de notificaciones.«El motivo era económico; para ahorrar. Y más cuando se había reducido el dinero para taxis del servicio de notificaciones». Ahora, comprueba cómo tampoco se paga aquello que se intentó potenciar por ser más económico.
Fue la propia presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, quien se puso en la primera línea de negociación con Justicia para reclamar una solución. «Es un servicio esencial que no se puede paralizar», indicó. Y el Consell trabaja para intentar poner remedio al desaguisado.
El portavoz del grupo parlamentario popular en Les Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, aseguró que la deuda con Correos «está resuelta», ya que «se ha facilitado la fórmula para financiar los gastos atrasados». Fuentes de la Conselleria confían en que el servicio volverá hoy a la normalidad. Pero una cosa es que el problema esté resuelto entre Administraciones y otra que Correos ya tenga el dinero en la cuenta o un aval que le asegure que recibirá el dinero.
Economía confirmó a Justicia que pagará una deuda que sobrepasa los 30 millones de euros. Para eso, en principio, será necesaria una modificación presupuestaria. Otras fuentes apuntan a que esto no se producirá hasta el viernes, cuando se reúne el pleno del Consell. El plan de Justicia, tal y como ayer ya informó LAS PROVINCIAS, es fraccionar el pago en tres anualidades. En cada una, se destinaría algo más de 11 millones de euros a la cuenta de Correos. Así hasta 2013.
Carmen Llombart, presidenta de la Audiencia de Valencia, apeló a la responsabilidad de las partes implicadas: Correos y Justicia. «De igual forma que no es aceptable que se suspendan servicios en Educación o Sanidad, tampoco lo es que la Justicia se vea lesionada de este modo». A Mariano Durán, decano del Colegio de Abogados, le parece «inexplicable» la situación. No entiende «cómo se ha llegado a este punto. Es perjudicial para todos los usuarios de la Justicia».
Castellón fue la primera provincia en padecer la decisión de Correos. La alarma se extendió ayer por el resto de los juzgado de la Comunitat. En Alicante, más de lo mismo. La carencia de servicio postal se extendió a los partidos judiciales y estranguló la actividad.
El presidente de la Audiencia, Vicente Magro, advirtió de que los juzgados registrarán un «caos» de difícil doma en el supuesto de que el bloqueo persista. «Todas las citaciones a juicio para peritos y testigos se hacen por telegramas. El volumen de papel que se mueve a diario es enorme. Un retraso de más de cuatro días es un drama».
El presidente de la Audiencia se había puesto en contacto con el jefe de la empresa estatal en la provincia y su responsable comercial en Valencia para conocer de primera mano la situación: «Me han comentado la posibilidad de enviar la correspondencia con franqueo de pago, pero nosotros no tenemos presupuesto propio».
El asunto -como no podía ser de otra forma- no tardó en saltar al terreno político. Para el PSPV el impago a Correos constata «la quiebra» a la que Camps ha llevado a la Generalitat», mientras que Compromís alertó que este problema puede desembocar en «situaciones dramáticas» para los usuarios de la Administración de Justicia.
Fuente: www.lasprovincias.es
